Ser diabético y no poder trabajar: la discriminación laboral en el sector público
Un joven salamantino denuncia «haberse quedado fuera» del proceso de selección a Ayudante de Prisiones por tener Diabetes tipo 1 cuando otros funcionarios padecen esta enfermedad y sí tienen su plaza.
Consalud.- Alberto Sánchez Martín, es salamantino de toda la vida y a sus 30 años lucha porque ser diabético sea compatible con ser funcionario y trabajar como tal. Este joven politólogo y diplomado en Gestión y Administración padece diabetes tipo 1, se la diagnosticaron cuando se encontraba durante el proceso de selección a funcionario de prisiones, algo por lo que se quedó fuera de una de las 600 plazas convocadas por el Ministerio de Interior.
«Había superado ya el primer examen. Tenía la nota 438 de 12.000 personas. Estaba entre los seleccionados para seguir en el proceso. Estaba perfectamente preparado para continuar, con tan mala suerte que justo debuté con diabetes y fue ahí cuando me di cuenta del problema que había. Si tienes diabetes estás fuera y entonces decidí retirarme. De haber conseguido llegar hasta la última fase, al realizar el reconocimiento médico me hubiesen excluído por ser diabético y eso me hubiese destrozado psicológicamente», asegura en declaraciones a ConSalud.es, Alberto Sánchez.
Nunca entendió el porqué de esa discriminación. Había decidido empezar a preparar las oposiciones, como cualquier joven, para huír de la situación de inestabilidad y precariedad laboral que azota en el mercado. «Empecé a estudiar sin saber que iba a encontrarme con este problema. Sabía que existía un cuadro de exclusiones pero no sabía que la diabetes era causa de exclusión. De repente un día, empecé a encontrarme mal y decidí hacerme unos análisis para saber qué me pasaba. Yo pensaba que era del estrés de la rutina de estudio y los exámenes, pero finalmente me detectaron prediabetes y posteriormente me diagnosticaron diabetes tipo 1″, explica este joven.
Sin embargo, Alberto no se rindió. Y decidió movilizarse junto a la Federación Española de Diabetes (FEDE) y otras entidades del mundo sanitario para visiblizar un problema que como apunta el propio afectado «es una realidad que han vivido muchas otras personas».
EL ABANDONO A LAS PERSONAS CON DIABETES
“Hay una normativa que no está actualizada», apunta Alberto Sánchez y así es, el origen de esta situación viene de lejos. FEDE lleva más de 2 años denunciando la injusticia a la que se enfrentan las personas con diabetes en España, que desean acceder a ciertos puestos de Empleo Público.
Los cuadros de exclusión no han sido modificados desde el año 1988, en el que fueron aprobados; y, sin embargo, sí se han producido grandes avances en las nuevas tecnologías y tratamientos para el control de la diabetes, que permiten que las personas que padecen esta patología puedan desempeñar cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando cuenten con la aprobación por parte de su equipo médico de referencia. Este hecho ha sido constatado por numerosas entidades científicas, como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Fundación redGDPS, que han emitido informes y posicionamientos que señalan, como necesaria, su actualización.
“Yo no entendía porque no podía continuar en el proceso de selección. Porque trabajo en la empresa privada con mayor carga física. Trabajo y me hago mis controles sin ningún tipo de problema. No entiendo porque no puedo trabajar en el sector público. Ni si quiera lo puedo hacer en oficinas de prisiones», lamenta el joven quien además asegura no entender la «discriminación» y el «doble rasero» en la Administración Pública.
DOBLE VARA DE MEDIR
«Como es posible que si soy funciona y me diagnostican diabetes puedo seguir trabajando pero si me la diagnostican antes o durante el proceso de la selección me quedo fuera», se pregunta este salamantino. Este ex opositor critica que la Administración pública discrimine de esa forma a las personas con diabetes «mientras en el sector privado no pasa nada» . Así, afirma que «están obligando a las empresas a que nos rechacen».
Pese a todo, Alejandro reconoce que es cuestión de tiempo que se actualice la normativa del 88 ya que la Comisión de Sanidad del Senado aprobó en marzo una moción contra la discriminación laboral en diabetes en la que se instaba al Gobierno de entonces a tomar cartas en el asunto. Pero todo sigue igual.
El Defensor del Pueblo también se posicionó al respecto de este caso y la Secretaría de Estado de Función Pública de por aquel entonces remitió un informe en el que comparte la preocupación expresada por esta institución respecto de las limitaciones que padece este colectivo en el acceso al empleo público.
En dicho informe se establece el compromiso de proceder a la revisión y actualización de los cuadros de exclusiones en el acceso al empleo público, en la línea sugerida por el Defensor del Pueblo, a la luz de los avances científicos y la mejora de las condiciones laborales actuales.
Ante lo que Alberto considera «la pasividad de la clase política», la FEDE y otros organismos han comenzado a movilizarse con una recogida de firmas que permita llevar al Congreso de los Diputados el debate sobre esta cuestión mediante la Iniciativa Legislativa Popular. Con ello, pretenden que se debata y elimine el diagnóstico de diabetes como motivo general de exclusión en el acceso a plazas de empleo público.
