Hoy.es.- Aluvión de críticas al nuevo reglamento que limita la capacidad de actuación ante las denuncias de acoso en los campus y colegios
Tras haber sido acusado por más de dos docenas de mujeres de acoso sexual sin sufrir ninguna consecuencia, Donald Trump se ha mofado públicamente en múltiples ocasiones del movimiento del #MeToo, al igual que su hijo Donald Trump Jr. «Kimberly, ¿crees que los medios me van a demandar por haberte dado un beso en la mejilla?», se rió con su novia en el escenario de un mitin en Carolina del Sur. «A ver si esta noche me cae el MeToo…».
En el contexto actual, el primogénito del presidente dice estar más preocupado por su hijo que por su hija. Este jueves, el Gobierno de su padre reescribió la definición de acoso sexual y las reglas por las que tendrán que regirse los centros educativos que reciban ayudas federales, obligados ahora a dar más protección a los acusados.
El Departamento de Educación dice haber hecho historia y en eso todo el mundo está de acuerdo. Las protecciones del Titulo IX que en 1972 prohibió todas las formas de discriminación sexual, incluyendo el acoso y el asalto, recibe bajo la Administración Trump la mayor actualización en casi medio siglo. El Gobierno de Obama había introducido orientaciones que extendían esas protección a los transexuales, para los que pedía que se les permitiera asistir a clases que se consideraran exclusivas para un mismo género o utilizar cualquiera de los baños, pero Trump anuló esas guías en 2017. El verdadero proyecto de su mandato era reescribir el histórico Titulo IX, no con nuevas orientaciones, sino como una nueva regulación.
Al frente de esa tarea tenía que estar una mujer que diese credibilidad al proceso, aunque Betsy DeVos ha tenido poca como secretaria de Educación. Hasta Steve Bannon, arquitecto electoral de Trump, la ha descalificado por ser parte de una reducida «aula de donantes» que ha perdido contacto con la realidad pero que consigue puestos de obierno por sus generosas donaciones a las causas del conservadurismo religioso que profesan, como la prohibición de matrimonios del mismo sexo o la eliminación de la separación entre Iglesia y Estado.
DeVos es hermana de Erik Prince, fundador de la polémica firma de mercenarios Blackwater que se hiciera famosa en la guerra de Irak. Su suegro, Richard Sr., tiene una fortuna estimada por la revista ‘Forbes’ en 5.100 millones de dólares (4.709 millones de euros) y junto con él y su marido, Richard DeVos, asisten con frecuencia a los actos de recaudación de fondos que organizan los hermanos Koch, los petroleros de Texas que financiaron el auge del Tea Party. Desde los años 70 la familia DeVos ha donado al menos 200 millones de dólares (184 millones de euros) a la llamada Nueva Derecha.
«Mi familia es la mayor contribuyente de dinero blando al Partido Republicano», presumió ella misma. «Espero fomentar gobiernos de filosofía conservadora con respeto por las virtudes tradicionales de EE UU y ciertamente esperamos un retorno por nuestra inversión», escribió en un periódico de Capitol Hill llamado ‘Roll Call’. La regulación del Titulo IX por la que colegios y universidades tendrán que dirimir cualquier acusación de abuso sexual será sin duda el ‘retorno’ más duradero y su legado.
La Secretaría de Educación se precia de definir por primera vez el acoso sexual e incluir el asalto sexual como una forma de discriminación, así como de proporcionar nuevos derechos a los acusados, que podrán defenderse en un proceso público y cuestionar a quienes les acusen. La regulación, que entrará en vigor el 14 de agosto, incluye la violencia dentro de las parejas, pero excluye del ámbito universitario todos los incidentes que ocurran fuera del campus y las acusaciones de las que no haya «preponderancia de evidencias» o «evidencias claras y convincentes». «Demasiados estudiantes han perdido acceso a la educación por la forma inadecuada en la que la Universidad respondió a una queja de acoso o ataque sexual», dice el ministerio.
Las organizaciones de derechos civiles lo ven de una forma muy distinta. «Las nuevas reglas dan permiso a las universidades para ignorar la violencia sexual y arrebatan a los supervivientes de sus derechos», resumió Emily Martin, vicepresidenta del Centro Nacional de Ley de Mujeres. «Nos veremos en los tribunales».
