Un chat sexista y homófobo del Gobierno enciende la protesta en Puerto Rico
El Pais.- Los ciudadanos salen a la calle por quinto día consecutivo para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien se niega a dimitir. Ricky Martin y Bad Bunny lideran las protestas
Un terremoto político azota a Puerto Rico. La filtración de un chat lleno de comentarios machistas y homófobos, en el que participaba el gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, y miembros de la cúpula de su Administración, ha desatado una ola de indignación en el Estado. El Telegramgate explotó la semana pasada, justo después de que el FBI arrestara a dos exfuncionarios de Rosselló como parte de una investigación federal de corrupción. Ambos episodios han movilizado a personalidades boricuas de la talla de Ricky Martin, René Pérez (Residente) y Bad Bunny, quienes viajaron a la isla para encabezar este miércoles el quinto día de protestas en San Juan. Los miles de asistentes comenzaron el recorrido en el Capitolio al grito de «Somos más y no tenemos miedo. ¡Ricky, vete!». Roselló, afiliado al Partido Demócrata en Estados Unidos, descarta dimitir, pero el caso ha provocado una cascada de renuncias.
«Es una falta de respeto a todas las comunidades, a todas las mujeres, a la gente que falleció durante el huracán María. Nosotros tenemos que defendernos», dijo a la multitud Residente. Después cantó el tema que compuso con Bad Bunny para exigir la renuncia de Rosselló, titulado Afilando cuchillos. La canción critica la hipocresía de los políticos boricuas y dice: «Si todo el pueblo quiere que te vayas y tú te quedas, entonces estamos en dictadura». En Nueva York también hubo una manifestación. El actor Benicio del Toro encabezó una pequeña protesta de unas 200 personas en Union Square. Del Toro reconoció estar muy afectado y celebró el activismo de sus hermanos boricuas: «El mundo tiene que saber que Puerto Rico también tiene una democracia para decirle al gobernador lo que siente el pueblo». “Ya estamos en la calle, que se quiten ellos, nosotros nunca”, dijo el cantante Bad Bunny. Aunque todavía no se han confirmado nuevas fechas, los activistas tienen previsto organizar otra manifestación contra Rosselló.
En las casi 900 páginas de conversaciones filtradas por el Centro de Periodismo Investigativo —desde finales de 2018 a enero de este año—, hay toda una batería de improperios y ataques. Por ejemplo, que la exconcejal municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito es una «HP [hija de puta]». O que Ricky Martin «es tan machista que se folla a los hombres porque las mujeres no dan la talla». También se dice que hay que «acribillar» a los miembros de un tribunal estadounidense o que «se joda» el Consejo Supervisor del Presupuesto para reconstruir la isla. Con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, son especialmente locuaces. Rosselló la llama «HP», pregunta si «se le acabaron sus medicamentos» y Christian Sobrino, responsable de Finanzas y representante ante la Junta de Supervisión Fiscal, sostiene: «Estoy salivando por entrarle a tiros». El gobernador responde que le harían «un gran favor».
En la marcha de este miércoles participó el cantante Ricky Martin, quien dijo que Puerto Rico no puede estar en manos de esos «líderes», cuyo comportamiento, por sus afirmaciones en el chat, «es completamente repudiable y denotan el carácter y personalidad intolerante, arrogante, prepotente, homofóbica, machista y violenta de cada uno». Además, el artista Luis Fonsi y los reguetoneros Wisin y Daddy Yankee también enviaron mensajes para exigir la renuncia del gobernador.
Las caóticas protestas del lunes por la noche dejaron al menos 14 heridos y tres detenidos. En Estados Unidos, donde viven cinco millones y medio de boricuas (en Puerto Rico el censo es de tres millones y medio), se organizaron pequeñas manifestaciones en Orlando, Miami, Nueva York y Washington para apoyar a sus hermanos de la isla. La empresa de cruceros Royal Caribbean canceló este miércoles la parada de uno de sus barcos en San Juan en vista de los disturbios. La Casa Blanca, criticada por la ayuda limitada brindada a la isla —un Estado libre asociado— tras el huracán María, ha dicho que el escenario actual «prueba que las preocupaciones del presidente [Trump] de malos manejos, politización y corrupción son válidas».
El Departamento de Justicia de Puerto Rico envió este miércoles citaciones a varios de los participantes del chat para los próximos tres días, informa CNN. Aún no se conocen los nombres de los citados. Las burlas eran una constante en los diálogos. Incluso llegaron a mofarse de la muerte del líder independentista Carlos Gallisá, quien falleció a los 85 años el pasado diciembre. Carlos Bermúdez, que era el asesor de comunicaciones del Ejecutivo, reaccionó ante la noticia con una advertencia: «Como bajen una bandera me pego». La frase desencadenó en el chat un debate a varias voces sobre cuánto tiempo debería mostrarse respeto. Uno propuso 15 minutos.
Fraude de fondos federales
Entre el caso de corrupción y el escándalo del chat, el Gobierno de Rosselló ha tenido 11 bajas. Cuando se destapó el Telegramgate, todos los funcionarios de Gobierno involucrados renunciaron, menos el gobernador. Rosselló ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a abandonar el cargo porque no cometió «acto ilegal». Pidió perdón por «las expresiones» redactadas en el chat, que utilizaba para «liberar tensiones». Luis Gerardo Rivera Marín, secretario de Estado, también renunció, aunque no aparece en el chat. Argumentó que se iba porque era «una obligación moral». Entre los puestos que han quedado vacantes también están los de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) Angie Ávila.
El FBI detuvo el pasado miércoles a estas dos funcionarias, además de a varios empresarios y contratistas que, presuntamente, participaron en un caso de corrupción con fondos federales destinados a programas de educación y salud. Según la Fiscalía Federal en Puerto Rico, los seis detenidos están acusados de 32 cargos de fraude y delitos relacionados. El presunto fraude suma 15,5 millones de dólares de fondos federales entre 2017 y 2019. El Departamento de Educación gastó 13 millones durante el tiempo que Keleher fue secretaria, mientras que la administración de seguros gastó 2,5 millones de dólares cuando Ávila era el director, según informa AP.
