El estudio, a pesar de que califica a Navarra como un «contexto no racista» y a su sociedad como «tolerante» con la inmigración, alerta de la «tendencia creciente» de los delitos de odio por cuestiones de raza registrados en el último año, a los que habría que sumar los de la «lista oculta». En el 2020 se contabilizaron en la comunidad foral un total de 15 delitos racistas —5 más que en 2019—, siendo uno de los territorios con mayor tasa por 100.000 habitantes de esta tipología de delitos.
Ante la escasez de delitos de este tipo y el amplio número de agresiones y discriminaciones no denunciadas no se trazar un perfil concreto de víctimas y victimarios por la falta de “aglomerados sociodemográficos fiables”, apunta Obdulia Taboadela, si bien destaca la doble discriminación que sufren en muchas ocasiones las mujeres racializadas.
Las mayores discriminaciones percibidas por las personas migrantes se dan a la hora de buscar vivienda o trabajo, destaca el estudio. «Es una discriminación que viene determinada por el propio nombre de la persona, antes incluso de que haya encuentro físico. El nombre, los datos personales, el acento, en tanto que son indicios que determinan el origen extranjero, son en la actualidad un filtro a través del que se ejerce una discriminación racial y racista en el acceso al mercado laboral y al alquiler de vivienda», añade.
Se destaca a su vez que las percepciones de discriminación racista son percibidas en mayor grado por las personas jóvenes, que muchas de ellas relatan haber sufrido este tipo de situaciones «en el día a día» en espacios como el transporte público, comercios u otros espacios públicos.
También se pone de manifiesto el que, en muchas ocasiones «el racismo o la xenofobia viene de la mano de las instituciones o personas que trabajan en ellas». «Funcionarios que demandan documentación innecesaria, difícil de conseguir para una persona de origen migrante, son algunos ejemplos», apunta. Varias de las personas de origen migrante que han participado en la elaboración del estudio reconocen haberse sentido «indignadas» por el trato recibido en las instituciones públicas.
El diagnóstico destaca por ello necesidades de mejora de atención a las víctimas; de formación y de coordinación como claves para mejorar la intervención; y de mayor sensibilización en delitos de odio. También se hace hincapié en la “necesidad de construir imaginarios positivos en torno a la inmigración, que tengan un calado de fondo, menos utilitaristas y que estén fundamentados en el universalismo de los Derechos Humanos, así como en la riqueza de una sociedad con una fuerte identidad intercultural”.
En ese sentido, se apuesta por visibilizar más el argumento de la riqueza de la diversidad cultural, concediéndole un menor protagonismo a la narrativa instrumental. Un discurso utilitarista, se señala, “no garantiza el respeto y la convivencia a largo plazo”.
Este diagnóstico participativo es la primera fase del Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra 2021-2026 que el Ejecutivo foral está elaborando y que en diciembre será expuesto en el portal de Gobierno Abierto para aportaciones de la ciudadanía. A la par, el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, el único dirigido por Podemos, trabaja también en la elaboración de una ley contra el racismo y la xenofobia que impulsará la justicia restaurativa y la mediación entre víctima y agresor como forma de sensibilización contra este tipo de delitos.
