Una niña que sufre autismo «privada del derecho a la educación»

El Mundo.- La tranquilidad que el pequeño municipio de Alella (Barcelona) proporcionaba a la familia Dubach, desde que llegó en 2018 procedente de Zúrich (Suiza), se truncó definitivamente hace poco más dos meses. Manar aún explica visiblemente nerviosa la llamada telefónica que recibió en la mañana del 22 de noviembre por parte de la dirección del colegio privado Santa María del Pino, que le avisaba de que debía pasar a recoger a su hija Sena, de 11 años, que estaba expulsada.

Ni ella ni Etienne, su marido, llegaron a imaginar que hoy se estarían planteando emprender acciones legales contra la escuela, por las «irregularidades del expediente sancionador», y contra la Generalitat por «dejación de funciones» y «privar del derecho a la educación» a la menor, que hasta el 15 de enero no pudo regresar a las aulas, con cambio de centro incluido.

Diagnosticada de un grado de autismo (trastorno de la comunicación social), TDAH y discalculia (condición neurológica que dificulta la comprensión matemática), el comportamiento de Sena había dado señales de alarma en mayo. Nuria G., su terapeuta particular, detectó la existencia de conflictos con dos compañeros del colegio. Unos problemas que se reprodujeron, con el inicio del sexto curso de Primaria, a finales de septiembre y en octubre. La familia reclamó la apertura del protocolo contra el acoso escolar tras ser alertada por M. E. M., la madre de un compañero de clase, de que la niña había recibido «agresiones físicas y verbales», una información que esa progenitora trasladó también a los responsables del centro.

El equipo de profesionales de la escuela consideró que no se daban las circunstancias para iniciar ese proceso y, unas semanas después, reclamó a Manar y Etienne que Sena debía estar acompañada por un velador escolar para evitar nuevos conflictos. Consultado por este diario, el director de Santa María del Pino, Francesc Serra, explica que «la situación se había agravado» y que las versiones de los profesionales del colegio coincidían en señalar a Sena como la causante de los problemas, que mayoritariamente se producían con la hija de un profesor.

Tratándose de un centro privado, el coste de la figura del soporte educativo iba a recaer en la familia. El acompañamiento por parte de un profesional ajeno a la escuela durante las 20 horas exigidas suponía 1.000 euros mensuales, una cifra que superaba en 150 euros la cuota que ya pagaban por la escolarización y la comida de la niña y que la familia Dubach dijo que no podía asumir.

No solo se les había girado la tortilla, sino que ahí empezaba un rocambolesco periplo en el que Sena iba a estar un mes y medio sin pisar las aulas. La comunicación y justificación de la sanción (un mes, susceptible de prórroga, de privación de asistencia al centro hasta que la alumna estuviera acompañada por la figura de un velador durante el horario establecido por el Departamento de Orientación Pedagógica de la escuela) no les llegó por escrito hasta el 27 de noviembre, cinco días después del día en que se informó del castigo por teléfono. Ese documento concluía que Sena había sido la «agresora física, verbal y relacional».

SANCIÓN

La abogada de la familia, Laura Parra, señala que ello evidencia que «ese expediente se realizó después de la expulsión». Además, remarca la «ausencia absoluta de forma» en el procedimiento sancionador, «carente del principio de contradicción [derecho a confrontar las pruebas]» y «sin indicación de los medios de impugnación».

La letrada cuestiona también la labor de la Inspección de Educación de la Generalitat «ante una sanción tan grave, que debería estar bien tipificada y ser proporcional a la conducta reprobada». Parra esgrime también la «retorsión del derecho de admisión» al establecer que el único modo de asistir nuevamente a clase era con la presencia de un velador. El inspector de zona consideró que el protocolo estaba bien aplicado y las consecuencias eran correctas.

A la espera de decidir si acude a la Justicia, la familia ha solicitado a la dirección de los Servicios Territoriales de Educación del área Maresme-Vallès Oriental la nulidad del expediente sancionador tanto «por la falsedad de los hechos en que se fundamenta» como por «las irregularidades» en el proceso.

Pero las quejas ante la Inspección de la Generalitat van más allá. La asignación de una plaza escolar en otro centro, reclamada por la familia en diciembre, «vulneró el derecho a la educación» de Sena, ya que no se le otorgó hasta el 9 de enero y no pudo reemprender el curso hasta el día 15 porque esa escuela «no estaba preparada» para las necesidades de la alumna.

Tras examinar a Sena hace dos meses, el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica dependiente de la consejería dictaminó que, pese a no ser imprescindible, era recomendable que la niña terminara el resto del curso en un colegio donde pudiera seguir sus estudios a partir de septiembre. La plaza asignada por el inspector, en la escuela pública Fabra de Alella, sin líneas de Educación Secundaria, obligará a Sena a iniciar la ESO en otro centro, el tercero en un año.

Fuentes del Departamento de Educación señalan que han seguido «muy de cerca» el caso de Sena a través de los Servicios Territoriales de la zona. No obstante, ni este organismo ni la Inspección educativa han querido hacer declaraciones a este diario.

OTROS CASOS

Manar considera que el colegio no tuvo en cuenta la vulnerabilidad de su hija, cuya neurodiversidad «provoca que pueda reaccionar de forma agresiva frente a un ataque». En su escrito de reclamación a la Generalitat, la familia relata la existencia de otros patrones similares «de indefensión» en el mismo centro, con niños con algún trastorno que presuntamente han padecido acoso por parte de compañeros, algunos de los cuales también familiares de trabajadores.

EL MUNDO se ha puesto en contacto con tres familias que denuncian la supuesta inacción de la escuela. Es el caso de Fátima y David, con una hija de 13 años que padece dislexia y habría sufrido «episodios de acoso durante varios cursos». Otra familia que prefiere guardar el anonimato explica que decidió sacar de Santa María del Pino a su hija de ocho años, en 2023, al no ver atendidas sus quejas por presunto bullying. Rachel y Xavier reportan los episodios vividos por su hija de 14 años, con trastornos del procesamiento auditivo y del lenguaje expresivo. Acudieron también, en más de una ocasión y sin éxito, a la Inspección educativa de la Generalitat.