La Junta quiere extender en el próximo curso las «aulas inclusivas» y defiende su modelo después de no recibir alegaciones de los padres en este ciclo.

Llegan las 9,30 de la mañana y una furgoneta adaptada pasa a recoger a Aimar para acudir al que ha sido su colegio de siempre, de toda la vida, el centro público Pedro I de Tordesillas (Valladolid). Cuando llega a su clase -un aula sustitutiva de un centro de educación especial incluida en un centro ordinario a la que acuden durante toda la jornada lectiva niños con discapacidad-, allí le esperan sus cinco compañeros, aunque cuando suena el timbre para anunciar la hora del recreo, sale al patio con el resto de estudiantes y participa en todas las actividades del colegio junto a ellos. Ésa ha sido la lucha de Remedios Navas, la madre de este joven de 14 años con parálisis cerebral, que estuvo más de un año sin poder acudir a clase, pero que ha vuelto en diciembre, gracias a que se ha incorporado una enfermera para atender sus necesidades.

El caso de este chico ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la educación inclusiva: ¿es más adecuado para los menores con diversidad funcional acudir a centros especiales o permanecer en un centro ordinario con los apoyos y medios necesarios? De cara al próximo curso, la Junta de Castilla y León plantea extender las denominadas «aulas inclusivas» -actualmente hay ocho-y asegura que durante este curso ningún padre de menores con discapacidad se ha opuesto a las recomendaciones de escolarización del Ejecutivo autonómico.

Dieciséis meses de lucha han permitido a la madre de Aimar alcanzar su meta. Su hijo puede permanecer en su colegio y ser uno más. «En el colegio todo el mundo conoce a Aimar» y en su pueblo también porque «participa en muchas actividades». Fue en septiembre de 2015 cuando le transmitió a una neumóloga del Hospital de Salamanca que su hijo apenas podía asistir al colegio porque no contaba con los medios médicos necesarios. La doctora emitió un informe en el que fue contundente: era «imprescindible» un servicio de enfermería para poder acudir a su clase.

Tras recabar el apoyo del Ayuntamiento de Tordesillas y de la Diputación de Valladolid, la petición llegó a las Cortes de Castilla y León en forma de Proposición No de Ley (PNL) de la mano del procurador de IU José Sarrión. Salió adelante y fue aprobada por todos los grupos, aunque con algún matiz. Finalmente,e se aceptó un servicio de enfermería itinerante que atendiera a Aimar, pero también a otros niños con diversidad funcional de la zona.

El pasado 12 de diciembre el menor volvió a su colegio y la enfermera, una profesional de área contratada, acude al centro en el horario escolar del estudiante y también trabaja en el centro de salud del municipio. Su madre no está del todo satisfecha porque al fin y al cabo la medida «no es justa» para el resto de niños que necesitan asistencia. «No se ha solucionado de la manera adecuada, no tengo la sensación de que hayan entendido lo que es la educación inclusiva», asegura y solicita apoyo para que todos los menores con discapacidad puedan acudir a centros ordinarios.

Aceptar la diversidad

«La estimulación que ha recibido desde pequeño le ha hecho llegar hasta donde está hoy», relata la madre de Aimar convencida de que la inclusión en las aulas beneficiará también a los niños sin discapacidad para que sepa+ aceptar la diversidad en un futuro.

La mayoría de los padres aceptan los díctamenes de escolarización que se elaboran en los casos de los menores con discapacidad, apunta la directora general de Innovación y Equidad Educativa de la Junta, Pilar González. De hecho, durante este curso no ha habido ninguna alegación y se ha buscado una solución para el caso, que venía de atrás, de un niño con autismo en Palencia, que está escolarizado en un centro ordinario.

Cuando no existe acuerdo por parte de los progenitores, se elabora un segundo informe por parte de otro equipo pedagógico y, en la actualidad, se ha incluido una tercera valoración por parte de los profesionales del Creecyl – el equipo de orientación educativa y multiprofesional para la equidad educativa de Castilla y León- para garantizar la mejor solución para el menor.

Una «apuesta» firme por la educación inclusiva es lo que pretende el departamento dirigido por Fernando Rey, según González. De ahí que la intención sea expandir las «aulas inclusivas» -en las que los menores están escolarizados en una clase ordinaria y pasan allí sólo algunas horas lectivas- a todas las provincias. En un principio, a estas clases únicamente asistían niños autistas y con dificultades en la comunicación y el lenguaje, pero podrán acoger a otros niños con diversidad funcional, si es posible su atención allí.

La idea es que los menores de Infantil y Primaria acudan a estas aulas, siempre y cuando sus necesidades especiales puedan ser atendidas, y que a los centros especiales acudan los escolares más afectados y a los que hay que preparar para la vida adulta, explica. Según la convención internacional de derechos de las personas con discapacidad, asumida por España en 2008, los estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación, utilizar las técnicas y los materiales adecuados y los alumnos que lo necesiten deben tener las medidas de apoyo pertinentes. A este documento se aferran aquellas familias que desean para sus hijos una educación inclusiva y se oponen al criterio de la Administración.

Pese a que, según la Junta, la mayoría de los progenitores suelen aceptar la resolución educativa para sus hijos, son varios los padres que se encuentran en esta lucha. La asociación Solcom es una de las más dinámicas de España en esta materia y también trabaja en la región para defender el derecho a una educación inclusiva. Son seis los casos en los que han trabajado, algunos de ellos se encuentran en la vía judicial y otros se han resuelto mediante acuerdos, explica una de las componentes de la junta directiva de la asociación y representante de Castilla y León, María del Mar Álvarez.

Poco o nada se está respetando el derecho a la educación inclusiva en España, lamenta la representante de Solcom. Y es que a los 21 años a estos chicos «se les expulsa del sistema» y se corta «su proceso educativo», destaca.

Es en los centros ordinarios donde se encuentra la «verdadera inclusión», defiende Álvarez. Hay quien mantiene que los centros especiales y las aulas sustitutivas son el mejor recurso para atender las necesidades de los alumnos con discapacidad, pero «se trata de una antigua visión», asegura Álvarez. Y tiene riesgos: si se excluye a un menor con discapacidad de un centro ordinario, se creará una «sociedad excluyente en la que se segrega a los niños desde los cuatro años».

Hasta el Tribunal de Estrasburgo

La batalla de Alejandro Calleja comenzó en 2011. Hasta entonces, su hijo Rubén, que tiene Síndrome de Down y actualmente 17 años, acudía con normalidad, de forma integrada, y con apoyo a un colegio público de León. Cuando llegó a 5º de Primaria, un informe de la Administración regional le recomendó trasladarse a un centro de Educación Especial, pero sus padres se negaron. «Ahí comenzó la lucha», recuerda el padre de Rubén. Recurrieron la decisión y llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), pero no les dieron la razón. Más tarde reclamaron al Tribunal Constitucional, que no admitió la causa al considerar que no había vulneración de ningún derecho. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal de Estrasburgo por un «delito» de discriminación», recalca Alejandro Calleja. Rubén pasó varios años sin escolarizar porque trasladarlo al centro especial suponía «perder su derecho a la educación», asegura. Eso le costó una denuncia de la Fiscalía por abandono de familia, pero, esta vez sí, la Justicia les dio la razón. «Sabíamos que el trayecto sería largo, pero queremos seguir hasta el final», insiste el padre de Rubén, que asegura que el coste personal de esta decisión ha sido «alto». El menor se encuentra ahora cursando FP Básica sobre nuevas tecnologías en la Asociación Amidown León. «Estaba fuera del sistema y era lo mejor para él», relata su padre.