Violencia en Colombia
El País.- Es urgente que las autoridades refuercen los mecanismos de protección de los líderes sociales para evitar más asesinatos
Colombia dejó atrás una guerra, pero sus autoridades aún no han resuelto el problema de la violencia. El fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC, sellado en 2016, ha dejado al descubierto el abandono de amplios territorios rurales en los que el Estado no ha logrado imponerse. El asesinato de líderes sociales, es decir, dirigentes comunitarios, sindicalistas, campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos, se ha convertido en una constante. Los datos de los primeros cuatro meses del año son alarmantes: esos crímenes aumentaron un 53%, según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
La pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento decretadas en marzo por el Gobierno de Iván Duque no han contenido esa tendencia. Entre enero y abril se registraron 49 asesinatos y, en medio de la emergencia sanitaria, la violencia arrecia ahora de forma silenciosa. La alarma lanzada en repetidas ocasiones por Naciones Unidas ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación, aunque sus advertencias apenas han surtido efecto. Colombia es el país de América Latina en el que más se cometen estos crímenes. A pesar de ello, los responsables políticos se niegan a reconocer que se trate de un fenómeno que forma parte ya del propio sistema.
La vulnerabilidad del campo colombiano tiene que ver con una especie de reciclaje de la violencia. Tras la firma de los acuerdos de paz con las extintas FARC, se inició un nuevo conflicto entre distintos grupos armados, carteles y paramilitares que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico. El país andino es el principal productor de hoja de coca del mundo. Los cultivos y la exportación de cocaína siguen en aumento. Y los líderes sociales son las principales víctimas de ese ecosistema, en la mayoría de los casos por denunciar los abusos de las organizaciones criminales. A eso se añade la violencia contra los exguerrilleros que tratan de integrarse en la sociedad. Desde 2016 se cuentan alrededor de 200 asesinatos.
Tanto el presidente como los responsables del seguimiento de los acuerdos de paz condenan sin matices esas prácticas, pero la respuesta del Gobierno, a la luz de las estadísticas, está lejos de ser efectiva. El proceso impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos tenía, en esencia, el propósito de transformar el campo, llevar al Estado hasta el último rincón del país y poner en marcha una profunda transición de Colombia. Esas son las premisas que, aun a largo plazo, pueden sentar las bases para el fin real de la violencia. Mientras tanto, es urgente que las autoridades refuercen los mecanismos de protección de los líderes sociales para evitar más asesinatos.
